

En época de vacas flacas, cuando las distintas administraciones deben hacer juegos malabares para optimizar los menguados recursos, política y realidad vuelven a ir por caminos distintos si examinamos la gestión de la Enseñanza.
Unas estadísticas espantosas que esconden (porque maquillan) una situación absolutamente dramática en el rendimiento escolar de nuestros estudiantes siguen siendo ignoradas por unos dirigentes que continúan negándose a escuchar a quienes más saben del asunto: los propios docentes. Cada año, los equipos directivos de los centros de enseñanza tienen que afrontar unas tortuosas negociaciones para la adjudicación de los cupos que regulan el número de grupos que se conceden por cada nivel académico, negociaciones en las que la Administración tiene la última palabra, y en las que se muestra impermeable a las peticiones y sugerencias que directores y jefes de estudios le realizan. Eso se traduce no sólo en la masificación de las aulas, sino también en una despótica dictadura del número: para la Administración, veinticinco alumnos son veinticinco alumnos, independientemente de que entre ellos exista un alto porcentaje con desfase curricular, desconocimiento del idioma, inmigrantes, repetidores o individuos con un contrastado carácter asocial y ajeno a la idea de disciplina. No se quiere entender que veinticinco alumnos con un perfil académico y personal medio no requieren el mismo trabajo que otros veinticinco alumnos problemáticos por distintas causas. Se consiguen así tres cosas: desahuciar a los alumnos problemáticos pero académicamente recuperables, al ser imposible darles la atención que requieren; impedir que progresen aquellos buenos alumnos que, por limitación de grupos, tienen la mala fortuna de caer en uno de difícil desempeño; y castigar al profesorado que, frustrado por el nulo reflejo de su titánico esfuerzo, se siente desprotegido y ninguneado por la propia Administración.
El lector podrá argumentar que el gran remedio que la Administración tiene en sus manos -la reducción del número de alumnos por clases, y su peculiar configuración si son de difícil desempeño- pasa obligatoriamente por el aumento del número de profesores, medida poco recomendable en un período de debacle económica. Y sería cierto, de no suceder lo que sucede: la Administración sigue reacia a aumentar la plantilla de docentes para aligerar las aulas, y prefiere destinar la inversión en más profesorado en otros aspectos que no se reflejan en la mejora real de nuestra Enseñanza. Así, cada año llegan a nuestros centros toneladas de ordenadores, pizarras digitales, PDAs, portátiles o proyectores, herramientas útiles en determinados momentos, pero que no pueden ser la solución al drama educativo español. Nuestros dirigentes prefieren esconderse en estadísticas catastróficas (que esconden una realidad aún peor), y alardear de la inversión en nuevas tecnologías, consideradas como la panacea al problema.
Los docentes nos vemos entonces en la singular situación de ser desoídos, incomprendidos y nada considerados por nuestros superiores. Nosotros somos los auténticos antisistema, los que luchamos cada día para darle un poco de honestidad y honradez a esta gran mentira montada por una clase política a la que la Enseñanza no le importa en absoluto, y que vive entre tramoyas y decorados de estadísticas, fotos ante la galería, remedios engañosos y palabrería hueca, y que nos quiere convertir en funcionarios mitad burócratas, mitad asistentes sociales. Sólo nos queda nuestro derecho a seguir predicando en el desierto (sermón perdido, según decía mi abuelo), y precisamente estas líneas de protesta van dedicadas a mis sufridos compañeros, los verdaderos antisistema.
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